La Sala de Reconocimiento de Verdad examinó una muestra representativa de las bajas reportadas por 19 unidades militares en la Costa Caribe entre 2002 y 2008. Revisó 796 muertes reportadas como resultados operacionales, de las cuales 604, casi el 76%, fueron resultaron ilegales.
Además de estas 604 víctimas, la sala documentó el asesinado de otras 13 personas, las cuales fueron presentadas falsamente como bajas en combate fuera del período priorizado, es decir, antes del 2002 o con posterioridad a 2008. Entre ellas hay un adolescente asesinado en 1995, a quien los militares le explotaron una granada en la cabeza para luego exhibir su cuerpo por las calles de San Pablo, Bolívar, y presentarlo como guerrillero dado de baja en combate.
Los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006, junto con los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009, fueron declarados máximos responsables por propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
Junto a ellos fueron imputados siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, quien fue comandante de la XI Brigada entre 2006 y 2007. Además, se les atribuyó responsabilidad a otros 16 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes.
Entre las 604 víctimas documentadas entre 2002 y 2008 hay 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo, 26 niños y niñas, y 14 mujeres, una de las cuales se encontraba en embarazo. A la fecha, 122 víctimas aún no han sido identificadas.
La investigación reveló que los Pueblos Indígenas sufrieron un daño desproporcionado y diferenciado, lo que causó su desarraigo y el desplazamiento forzado de sus territorios. Esto comprometió su seguridad alimentaria y afectó gravemente su tejido social y económico.
Este es el segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) que se expide dentro del Subcaso Costa Caribe − Caso 03. A partir de ambas investigaciones, la JEP concluyó que en total 739 personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe entre 2002 y 2008.
Para las familias de las víctimas, la prioridad es encontrar a sus seres queridos desaparecidos. A la fecha, en el marco de esta investigación, 14 víctimas han sido halladas, identificadas y entregadas de manera digna.
En el marco de este proceso judicial, la JEP ordenó medidas cautelares para proteger sitios de interés forense donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. Entre estos sitios se encuentra el cementerio de San Juan del Cesar, en La Guajira. Esta medida cautelar fue solicitada por el Instituto de Medicina Legal, decretada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento y desarrollada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Este ADHC, el octavo emitido dentro del Caso 03, confirma una vez más los elementos del patrón macrocriminal previamente identificado por la JEP en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba y Antioquia. La JEP ha esclarecido miles de hechos que ilustran este patrón y se enfocará ahora en determinar si existieron responsabilidades a nivel nacional.
En los siete ADHC emitidos, se han imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 148 comparecientes, de los cuales 91 han reconocido su responsabilidad. La mayoría lo hizo en cinco audiencias públicas con la participación de las víctimas. Además, 1.276 antiguos militares involucrados en los crímenes, pero que no fueron seleccionados como máximos responsables, han sido enviados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ). En 79 casos, se ha decidido renunciar a la persecución penal.
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Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
